El Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Grau, ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, en relación con los acuerdos suscritos por el Ayuntamiento con el Levante Unión Deportiva. Grau ha puntualizado que tanto la Administración General del Estado como las Administraciones Autonómicas podrán velar por la legalidad y advertir a los Ayuntamientos, pero no impugnar.
Redacción | NOSTRESPORT.COM
El Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Grau, ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, en relación con los acuerdos suscritos por el Ayuntamiento con el Levante Unión Deportiva.
Tras las manifestaciones de Peralta en el sentido de que algunos de estos acuerdos “no son ajustados a derecho”, por lo que pide que se anulen, Grau ha puntualizado que, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Grandes Ciudades, tanto la Administración General del Estado como las Administraciones Autonómicas podrán velar por la legalidad y advertir a los Ayuntamientos, pero no impugnar.
Ha añadido que la petición de anulación de dos de estos acuerdos, tomados en noviembre y diciembre de 2007 “y trasladados a Delegación de Gobierno en tiempo y forma sin que dijeran ni mu”, está fuera de plazo. Respecto al tercer acuerdo, del mes de abril, el Primer Teniente de Alcalde ha señalado que “no ha tenido efectos nunca ni los puede tener, por lo que es ocioso que pida que se anule”. Según este acuerdo el Levante U.D. tenía que pedir un crédito de ocho millones de euros y el Ayuntamiento avalarlo, “pero el club nunca ejerció esa acción y en estos momentos está en situación de suspensión de pagos, por lo que es imposible que pueda hacer efectiva esa petición. Quién tenía que avalar se ha convertido en acreedor”, ha dicho refiriéndose al Ayuntamiento.
Alfonso Grau ha insistido en que ese tercer acuerdo “carece de efectividad, se ha caído por si solo, y se le va a contestar al Delegado del Gobierno en estos términos, pero si en uso de sus atribuciones quiere llevar al Ayuntamiento a un contencioso, está en su legítimo derecho”. Ha recordado unas manifestaciones de la ministra Elena Salgado de septiembre de 2007, donde afirmaba que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas no son jerárquicamente dependientes de las autoridades del Estado, “un discurso muy distinto al del Delegado del Gobierno”.
Respecto a la publicación en los medios de comunicación de la noticia de que “Peralta tiene sospechas fundadas de que los avales que firmó el Ayuntamiento incumplen la Ley”, Alfonso Grau las ha calificado como “absolutamente intolerables, propias de un Poncio Pilato o un Jefe Provincial del Movimiento”, para señalar su extrañeza de que las haga “un Delegado democrático en un Estado de Derecho. O se tienen pruebas con arreglo a la Ley, o se calla uno”. Para el Primer Teniente de alcalde, la expresión “sospechas fundadas” es una muestra de totalitarismo inadmisible e intolerable que el Delegado del Gobierno debe retirar.
