Cuando tras la salida de Pedro Villarroel del club parecía que la tranquilidad por fin volvería al seno del club granota, el Juzgado de lo Social número 3 de Valencia ha dictado la orden de embargo y subasta pública de la Ciudad Deportiva del Levante UD. Todo esto viene por la demanda que presentaron cuatro ex levantinistas por el impago de parte de sus salarios.
Marcelo Giordano | NOSTRESPORT.COM
Cuando tras la salida de Pedro Villarroel del club parecía que la tranquilidad por fin volvería al seno del club granota, el Juzgado de lo Social número 3 de Valencia ha dictado la orden de embargo y subasta pública de la Ciudad Deportiva del Levante UD. Todo esto viene por la demanda que presentaron cuatro ex levantinistas por el impago de parte de sus salarios.
Estos cuatro ex jugadores –concretamente Laurent Robert, Vladimir Manchev, Álex Polo y Kevin Pariente- presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Social por las deudas que mantenía el club con ellos. Esta demanda se produjo poco antes de que el Levante entrara en concurso de acreedores, por lo que cuando se mandó por parte de los juzgados la orden de pago, la situación económica del club no daba para pagar la cifra exigida, unos 575.000 euros.
La Justicia actuó mediante el embargo ya que el juez de lo Social número tres determinó que estos terrenos no son un bien necesario para la entidad. Mientras tanto, el Levante, al haberse producido únicamente la requisa de los terrenos pero no su subasta, ha hecho el uso habitual de las instalaciones. Pero ahora no se sabe hasta cuándo seguirá siendo así.
Al entrar el club en ley concursal y estar intervenido judicialmente, el magistrado Fernando Presencia, del tribunal de lo Mercantil y encargado del concurso de acreedores, considera que la Ciudad Deportiva de Buñol es un bien necesario para la empresa, lo contrario de lo que había establecido con anterioridad el juzgado de lo Social.
La pérdida de estos terrenos por parte del Levante no sólo llevaría a que todo el fútbol base de la entidad se quede sin unos terrenos donde poner entrenar y jugar sus partidos, sino que obligaría al club a alquilar otros terrenos, lo que supondría un gasto enorme y totalmente inviable tal y como está la economía granota.
La última palabra puede tenerla la Sala de Conflictos del Supremo. Pero ello puede ser un riesgo para el Levante, ya que este organismo puede decidir sin contar con la palabra del juez Presencia porque únicamente tiene la opinión del Tribunal de lo Social y del fiscal, no del de lo Mercantil.
